Una característica muy negativa de las culturas
latinas en general y española en particular es la obsesión por los títulos universitarios
oficiales, los cuales son otorgados en España bajo la autoridad del Estado
según establece la Constitución, por lo
cual son válidos en todo su ámbito. No tiene demasiado interés investigar los
orígenes históricos y ancestrales de esta obsesión nacional, pero sí debe
señalarse que es algo perfectamente inútil y contraproducente, puesto que
deforma la mentalidad de nuestros jóvenes graduados universitarios y tiene
graves consecuencias para el desarrollo y funcionamiento del país.
Con la democratización de los estudios universitarios,
la cual tiene el resultado beneficioso y deseable de que una proporción cada
vez más elevada de nuestros jóvenes acceden a la universidad, es una aberración
pretender que estos estudios resulten en una calificación profesional (médicos,
abogados, ingenieros, etc.). Simplemente, la sociedad no necesita ni puede
absorber a todos estos profesionales.
Consideremos el caso de los abogados. En España hay
142.000 abogados colegiados, de los cuales 45.000 están en Madrid.[1]
Un abogado por cada 300 habitantes, y las facultades de derecho no paran y
siguen produciendo más y más abogados. Como contraste, en Alemania (83 millones
de habitantes) hay 95.000 abogados, en el Reino Unido (59 millones de
habitantes) hay 49.000 abogados y en Francia (59 millones de habitantes) hay
20.000 abogados. Las discusiones sobre
cómo mejorar el acceso de los graduados de derecho al ejercicio de la abogacía
(con pasantías, colegiación, examen de acceso al ejercicio de la profesión
administrado por los colegios, masters) eluden por completo la cuestión
esencial: hay que cerrar el grifo de abogados que está inundando al país. A
pesar de esta plétora, hay un consenso generalizado de que la justicia es una
de las instituciones que funcionan peor en España, en relación a los países de nuestro entorno. No importa, lo que
cuenta es expedir más títulos oficiales, y para lograrlo se siguen dando becas para estudiar derecho.
Consideremos la expresión que aparece en muchos
títulos universitarios: el título X “faculta al interesado para ejercer la
profesión y disfrutar de los derechos que a este grado le otorgan las
disposiciones vigentes”. Esto induce a muchos graduados a pensar que su trabajo
en la vida debería ser el ejercicio de la profesión en cuestión. Debido a la plétora excesiva de
profesionales, una proporción considerable de los graduados que intentan
ejercer la profesión no lo consiguen, con el resultado de desperdiciar unos
años importantes de su vida de trabajo.
Esta cuestión primordial ha sido resuelta en los
países anglosajones con un sistema universitario basado esencialmente en dos
ciclos. El primer ciclo tiene tres años de duración en el Reino Unido y cuatro
años en Estados Unidos; su característica esencial es que su objetivo es dar a
los estudiantes una educación liberal y general, no profesional.
Los títulos que se otorgan en este primer ciclo tienen nombres genéricos
apropiados: bachelor of arts, bachelor of science, bachelor of engineering, etc.
Lo equivalente en español sería licenciado en humanidades, licenciado en
ciencias, licenciado en ingeniería, etc. Pero aunque los nombres son
importantes, lo esencial es lo que hay detrás de ellos. En Harvard, un
estudiante que aspire al título de bachelor of arts tiene que seguir
cursos no sólo en humanidades (lengua y literatura inglesa, historia,
filosofía, etc.) sino también en ciencias e ingeniería (matemáticas, biología,
física, informática, etc.). En el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), un estudiante que aspire al título de bachelor of nuclear engineering,
aparte de sus cursos troncales en ingeniería y física nuclear, matemáticas,
laboratorios, etc., tiene que seguir cursos en historia, cursos en los que se
estudian distintas culturas y sistemas de valores, ética, etc. En todos los
estudios de primer ciclo en humanidades, ciencias e ingeniería, se da gran
importancia a la comunicación oral y escrita, la cual es necesaria para
cualquier trabajo, y en particular para el trabajo en equipo. El tener que
escribir ensayos que son revisados y corregidos individualmente es algo
esencial en la formación universitaria. Asimismo, se inculca a los estudiantes
la importancia de estudiar y aprender a lo largo de la vida para poder seguir
distintos itinerarios de carrera. Esto resulta en una actitud mental flexible
que facilita a los graduados su inserción en el mundo actual, en el cual el
concepto de un empleo, más aun, de un área de actividad laboral fija para toda
la vida simplemente ha dejado de tener vigencia.
Un ejemplo concreto de esta flexibilidad mental de los
graduados con una educación universitaria liberal es una anécdota que me fue
contada por Cardona:[2]
“Hace poco iba en un avión y me puse a
corregir una tesis doctoral, vino el sobrecargo (azafato) que observó mis
papeles y me dijo: ‘¿Usted es científico?.’ Yo le dije que sí, y él me dijo:
‘¿De qué especialidad?’ Yo le dije: ‘físico.’ Y él me contestó: ‘yo en el college
me especialicé en ingeniería.’ Y estaba
de lo más feliz, trabajando de azafato. Esto pasó en un avión de American
Airlines sobrevolando Estados Unidos;
nunca ocurriría en un avión de Lufthansa
o de Iberia, encontrarte a un ingeniero trabajando de azafato. Es
inconcebible. Prefieren cobrar el seguro de desempleo, porque es denigrante
hacer algo así, cuando se tiene un título oficial con validez en todo el
Estado.”
Un graduado con una educación
universitaria liberal está perfectamente equipado para optar a muchos trabajos
no profesionales: vendedor de IBM, diplomático tras su ingreso en la carrera,
escritor, analista financiero o banquero (después de algunos años de
aprendizaje en el trabajo), periodista, empresario, etc. Cito a Pérez-Díaz y Rodríguez:[3]
“Hay que recordar aquí algo elemental, y es que, en esta vida, a la hora
de hacer muchas cosas importantes o de alcanzar situaciones muy respetables,
los títulos son irrelevantes, o de valor secundario, o a veces
contraproducentes. Para poder llegar a ser empresario o político profesional no
hacen falta títulos. Incluso para ser un santo, un sabio o un artista no hacen
falta títulos.” Estoy en completo acuerdo con esto, pero lo clarificaría
añadiendo que aunque los títulos son irrelevantes, no lo es la formación
recibida en unos estudios universitarios adecuados. Por citar algunas figuras
históricas sin título universitario, recuerdo a Truman, sucesor de Roosevelt en
la presidencia de Estados Unidos, que sólo tenía estudios secundarios. Bill
Gates de Microsoft tampoco obtuvo ningún título ya que abandonó Harvard en su
tercer año. Camilo José Cela no terminó tampoco ninguna carrera universitaria.
El autor trabajó durante nueve años (hasta 1976) en el Centro Científico de IBM
en Palo Alto, California, en donde llegó a conocer la cultura de IBM en profundidad.
Hasta aquella época, sólo había habido cuatro presidentes de IBM: el fundador
Thomas Watson Sr., su hijo Thomas Watson Jr. que fue el impulsor de la IBM moderna,
Vincent Learson y Frank Cary. ¿Qué tenían los cuatro en común? Pues que eran vendedores,
todos habían llegado a la cima ascendiendo a través de la organización de
ventas, antes de alcanzar puestos en la alta dirección. El fundador nunca pisó
una universidad como estudiante y los tres últimos tenían el título de bachelor,
es decir, no habían hecho estudios profesionales. El laboratorio central de
investigación de IBM, situado en Yorktown Heights, a 56 km al norte de Nueva
York, era y sigue siendo uno de los dos laboratorios industriales más
importantes del mundo (el otro es Bell Telephone Laboratories de la
antigua AT&T y hoy de Lucent Technologies). En Yorktown Heights ha
habido siempre científicos e ingenieros muy destacados (premios Nobel y todo
eso),[4]
la mayoría con doctorados en ciencia e ingeniería, es decir con títulos
profesionales obtenidos en las escuelas de post-grado de las mejores
universidades. Pues bien, todo el mundo en IBM sabe y asume que la gente clave
y la más importante son los vendedores [5]
(son los que traen el dinero a casa), ninguno de los cuales tiene en principio
título profesional alguno.
Es obvio que un país se beneficia del
hecho de que una mayoría de su población adulta tenga formación universitaria,
pero está claro que esta formación no tiene por qué estar ligada a una
calificación profesional, ya que el número de profesionales que requiere una
sociedad es necesariamente limitado.
Las profesiones en Estado Unidos,
médicos, abogados, físicos, químicos, ingenieros, economistas, etc., se
alcanzan por medio de estudios post-graduados de segundo ciclo que se empiezan
a los 22 o 23 años, una vez graduados del college, cuando las personas
han alcanzado la madurez suficiente y saben lo que quieren. Los estudios
profesionales de post-grado son de una enorme exigencia, en particular los de
medicina, en los que después de un programa académico de unos 4 o 5 años de
duración, los graduados tienen que hacer otros 4-5 años de residencia en un
hospital universitario según la especialidad, con horarios y guardias de una
particular dureza. Los ingresos económicos durante estos años de estudio son
los justos para mantenerse de modo espartano, lo mismo que en los programas
doctorales de ciencias e ingeniería, los cuales duran un mínimo de cuatro años.
Descendiendo en la escala de dureza académica, medida solamente por su
duración, están los estudios
post-graduados de derecho (tres años), y los del Master of Business
Administration (dos años). Es típico que en derecho, medicina y administración
de empresas, los estudiantes pidan préstamos personales para financiar los
estudios, los cuales serán pagados a lo largo de su vida de trabajo. Según el
viejo refrán americano: there is no such thing as a free lunch (las
comidas gratis no existen).
Lo mismo que en los estudios liberales
del college (primer ciclo), tampoco hay títulos oficiales para los
estudios profesionales del segundo ciclo. El lector puede preguntarse cómo se
garantiza la capacidad profesional de los médicos, abogados, ingenieros de
obras públicas (caminos), pilotos de líneas aéreas, y otros profesionales
responsables de actividades de importancia pública obvia. Los estados, en el
contexto español serían las autonomías, son los responsables de autorizar el ejercicio de estas profesiones. Cada
estado organiza exámenes de admisión al ejercicio de las
mismas, naturalmente en colaboración con las universidades y colegios
profesionales.
Obviamente, los miembros de los
tribunales son profesores de universidades y otros profesionales de reconocido
prestigio; pero el hecho es que estos exámenes no están controlados ni son la
responsabilidad de ninguna universidad o colegio profesional en concreto, sino
de las autoridades del estado. Sin haber aprobado estos exámenes, por ejemplo, los
médicos titulados de cualquier universidad sólo pueden trabajar dentro de un
hospital universitario bajo el control de sus responsables médicos y en una
capacidad secundaria. Los licenciados en derecho tampoco pueden ejercer ante
ningún tribunal, sin haber pasado un examen de admisión al ejercicio
profesional. Lo mismo para los ingenieros de obras públicas y arquitectos. Pero
aquellos profesionales que no tienen un impacto obvio de carácter público, por
ejemplo, físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros electrónicos, periodistas,
etc., no requieren ningún registro colegial, ni título oficial, ni autorización
de nadie para ejercer su profesión. Simplemente, requieren ser contratados por
alguna organización, la cual ya se cuidará de que estén calificados.
Esta forma de admitir a un graduado universitario al
ejercicio profesional se está debatiendo en España en el caso de los
licenciados en derecho, para los que se ha propuesto un examen de admisión a la
abogacía administrado por el colegio de abogados, como es la norma en otros
países de la Unión Europea.[6]
La rigidez estructural creada por la cuestión de los
títulos oficiales está siendo superada en España por el progreso continuo de la
sociedad civil. No sólo las universidades privadas, sino también las públicas,
conceden cada vez más títulos “propios”, es decir, no regulados por los
burócratas del Ministerio de Educación. El hecho mismo de que una burocracia
centralizada intente regular el conocimiento humano, siempre en evolución pero
en el presente a un ritmo mucho más rápido que en el pasado, es como pretender poner vallas al campo.
El número de carreras o titulaciones universitarias
oficiales ha alcanzado un número demasiado elevado. Sus programas de estudios,
asignaturas y contenidos, prácticas, etc., todo escrito y codificado, resultan
contraproducentes porque desde el momento de su aprobación y codificación
empiezan a quedarse anticuados, como es natural. La solución obvia es que sean
las universidades las que definan y especifiquen sus propios títulos
universitarios, los cuales deben ser genéricos y cuyo número debe ser
necesariamente reducido. Esto daría al sistema la flexibilidad y el dinamismo
requeridos por la evolución actual del conocimiento humano, sin estar sometidos
al poder político y a los resultados electorales. Por título genérico se
entiende, por ejemplo, un título en ingeniería a secas (ingeniero o licenciado
en ingeniería), cuyos contenidos y especialización (mecánica, eléctrica y
electrónica, industrial, telecomunicación, aeronáutica, naval, etc.) pueden ser
especificados de la forma adecuada por la universidad que los confiere. Estos
títulos vendrían avalados por la calidad de la universidad que los otorga y por
la sociedad que los juzga y valora de acuerdo con su prestigio, como es el caso
en los países anglosajones. Este sistema se regula a si mismo, sin necesidad de
intervención alguna de los poderes públicos.
La
homologación de los títulos no oficiales
El problema de la homologación de los títulos universitarios de otros
países se ha planteado continuamente en España a lo largo de los años. Es un
problema real que puede ilustrarse con un ejemplo actual. Parece ser que hay un
número considerable de dentistas sudamericanos, en particular argentinos, que consiguen la homologación y se
establecen en España. Es evidente que ésta es necesaria, porque la sociedad
requiere un control de la idoneidad de ciertos profesionales para ejercer, en
particular de aquellos en el área de salud.
Este control puede ser ejercido como
en la actualidad por el Ministerio de Sanidad, o por una junta central de
homologación designada por el mismo. En ambos casos, el resultado es el mismo.
En Estados Unidos en el pasado, la homologación de médicos extranjeros no se
concedía sin que estos tuvieran casi que estudiar de nuevo la carrera en
Estados Unidos, incluido un largo período de residencia en un hospital
universitario.
Con la Unión Europea se va hacia el
reconocimiento de los títulos médicos obtenidos en cualquier país miembro. En
el Reino Unido, la aplicación de esta política está muy avanzada. De hecho,
reclutan de forma activa tanto médicos como enfermeras españoles. En Canadá se
requiere un examen inicial, luego la primera parte de otro examen, una
residencia en un hospital universitario de 12 meses, y luego la segunda parte
del otro examen.
La necesidad de la homologación de
las profesiones médicas es algo obvio, lo mismo que las de otras profesiones en
las que la seguridad pública está en juego, como es el caso de los arquitectos,
ingenieros de obras públicas (de caminos, canales y puertos en España, llamados
civil engineers en el mundo anglosajón), pilotos de líneas aéreas, abogados, etc. Pero hay una serie de
profesiones que no afectan para nada la seguridad pública y que son homologadas
innecesariamente por el Ministerio de Educación.
Me refiero a todas las profesiones
en ciencias (física, química, biología, matemáticas, etc.) en ingenierías
(telecomunicación, electrónica, informática, etc.), en donde la calificación y
evaluación de estos profesionales debería dejarse a las organizaciones,
incluidas las gubernamentales, que quieren contratarlos. Esta es de hecho la
situación actual en las empresas privadas españolas que reconocen títulos
nacionales o extranjeros no “oficiales” utilizando de forma autónoma sus
propios criterios sobre la calidad de los mismos. Pero el lastre de la
tradición burocrática en España es tal que en el tema de las homologaciones se
producen situaciones surrealistas muy negativas.
Un ejemplo es el caso de estudiantes
europeos que quieren hacer estudios de post-grado en España. Pues bien, primero
tienen que solicitar la homologación
por el Ministerio de Educación español de su título de licenciado en la universidad de origen. Este es un
proceso kafkiano cuya duración es imprevisible, por lo que el proceso no tiene
ningún sentido. Normalmente, un estudiante solicita en primavera su admisión
para el curso que comienza en el otoño siguiente. La homologación impide el
desarrollo normal del proceso, puesto que debería ser la universidad a la que
quiere ir el estudiante la que decidiera de forma autónoma y en menos de un mes
sobre sus calificaciones para ser admitido. En la práctica, la Universidad de
Navarra (UNAV) admite a estudiantes extranjeros para estudios post-graduados,
incluso doctorados, sin requerir la homologación oficial de su primer título.
La contrapartida a esta flexibilidad es que el estudiante extranjero recibe un
título propio de la UNAV, no el “oficial”. El estudiante extranjero consigue
exactamente lo que quiere, un título de la UNAV que goza de considerable
prestigio a nivel europeo e internacional. Si el estudiante es inglés o
americano, todavía se queda más ancho, porque ni en el Reino Unido ni en
Estados Unidos saben que existen títulos “oficiales”.
El ejemplo más hiriente de las
aberraciones que resultan de las homologaciones innecesarias es el de una
persona que se doctoró en física por la Universidad de Stuttgart. Regresó a
España y ganó unas oposiciones de colaborador en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La homologación de su título de doctor estaba en
curso, pero como este proceso es un arcano y duró más de lo esperado, su
oposición tuvo que ser anulada por razones administrativas. ¿Pero es que el
CSIC no conocía la Universidad de Stuttgart, su nivel académico, sus
profesores? Por supuesto que sí. Este poder de decisión, que como es lógico
debería estar en manos del CSIC, no fue transferido por la burocracia ciega y
sin rostro del ministerio, resultando en el disparate mencionado.[7]
El concepto mismo de título
“oficial” es burocrático y antiuniversitario, y su “homologación” es una
aberración burocrática que raya en la imbecilidad, por lo que nunca fue
utilizada en los países de nuestro entorno, y contra la que claman desde hace
tiempo muchas personalidades académicas españolas. Una persona con el título de
doctor de alguna de las mejores universidades del mundo (Harvard, MIT,
Universidad de Cambridge, Escuela Politécnica Federal de Zurich, ...) viene a
España y tiene que tener su título homologado por el Ministerio de Educación,
un proceso burocrático y arcano que puede durar hasta tres años. ¿Quién es
responsable de que esta imbecilidad perdure? Todos nosotros.
El ideal universitario sobre la “homologación” se ilustra en el caso siguiente. A finales de los 50, Manuel Cardona (Premio Príncipe de Asturias de Investigación y Director Emérito del Instituto Max Planck de Stuttgart) fue admitido en Harvard como estudiante “especial”, es decir, en un programa sin objetivo de título. En esa época, los medios académicos americanos podían pensar que España era un país de pastores (los pastores vascos emigraban entonces a EE. UU. para cuidar rebaños de ovejas). Advertido del significado de estudiante “especial”, Cardona fue a ver a un decano, el cual le recibió durante varias horas, al final de las cuales cogió el teléfono, dio una orden y le dijo: “queda admitido para hacer el doctorado.”
Con la Constitución española en la mano, en la que incomprensiblemente el Estado se reserva en exclusiva la facultad de otorgar títulos académicos, es posible que para cambiar de raíz esta situación se necesite una reforma de la Constitución; pero de hecho, sin cambiar la Constitución, nada impediría que el gobierno ignorase la famosa homologación y dejase que las organizaciones interesadas, incluidas las universidades y organismos públicos de investigación, reconocieran o no títulos universitarios extranjeros y nacionales.
[1] El País, 31 de
marzo de 2002.
[2] Véase el
Apéndice B de este libro.
[3] Victor
Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Educación Superior y Futuro de España,
Fundación Santillana, Madrid, 2001, pág. 372.
[4] La organización
de Yorktown Heights es horizontal. En los puestos permanentes sólo hay una
categoría: staff member (esto significa en general un investigador con
el doctorado). Las jefaturas de los departamentos (matemáticas, física,
ingeniería, etc.) son ejercidas por períodos de unos cinco años por un investigador,
ya que se consideran funciones administrativas sin el prestigio de la
investigación de vanguardia. El edificio del laboratorio tiene la forma de un
arco de círculo con un amplísimo mirador hacia el exterior a lo largo de todo
el arco, desde donde sólo se divisa un paisaje de bosques frondosos, sin
ninguna construcción humana. Los despachos y laboratorios están a lo largo de
pasillos perpendiculares al mirador, ninguno tiene ventana. La idea es
conseguir un ambiente igualitario, en donde el único mérito es la calidad
investigadora del trabajo; cuando se siente claustrofobia, se da un paseo por
el mirador.
[5] El fundador,
Watson Sr., le dijo a su hijo: “Todo empieza con una venta. Si no hay ventas,
no hay comercio en América.” Thomas J. Watson
Jr. y Peter Petre, Father Son & Co., Bantam Books, Nueva York, 1990,
pág. 8.
[6] El País, 31 de
marzo de 2002.
[7]
Por razones obvias
de privacidad, no doy nombres. Esta triste anécdota me fue comunicada de
primera mano por medios académicos de la Universidad de Stuttgart.