La
homologación de los títulos no oficiales
El problema de la homologación de los títulos universitarios de otros
países se ha planteado continuamente en España a lo largo de los años. Es un problema
real que puede ilustrarse con un ejemplo actual. Parece ser que hay un número
considerable de dentistas sudamericanos, en particular argentinos, que consiguen la homologación y se
establecen en España. Es evidente que ésta es necesaria, porque la sociedad
requiere un control de la idoneidad de ciertos profesionales para ejercer, en
particular de aquellos en el área de salud.
Este control puede ser ejercido como
en la actualidad por el Ministerio de Sanidad, o por una junta central de
homologación designada por el mismo. En ambos casos, el resultado es el mismo.
En Estados Unidos en el pasado, la homologación de médicos extranjeros no se
concedía sin que estos tuvieran casi que estudiar de nuevo la carrera en
Estados Unidos, incluido un largo período de residencia en un hospital
universitario.
Con la Unión Europea se va hacia el
reconocimiento de los títulos médicos obtenidos en cualquier país miembro. En
el Reino Unido, la aplicación de esta política está muy avanzada. De hecho,
reclutan de forma activa tanto médicos como enfermeras españoles. En Canadá se
requiere un examen inicial, luego la primera parte de otro examen, una
residencia en un hospital universitario de 12 meses, y luego la segunda parte
del otro examen.
La necesidad de la homologación de
las profesiones médicas es algo obvio, lo mismo que las de otras profesiones en
las que la seguridad pública está en juego, como es el caso de los arquitectos,
ingenieros de obras públicas (de caminos, canales y puertos en España, llamados
civil engineers en el mundo anglosajón), pilotos de líneas aéreas, abogados, etc. Pero hay una serie de
profesiones que no afectan para nada la seguridad pública y que son homologadas
innecesariamente por el Ministerio de Educación.
Me refiero a todas las profesiones
en ciencias (física, química, biología, matemáticas, etc.) en ingenierías
(telecomunicación, electrónica, informática, etc.), en donde la calificación y
evaluación de estos profesionales debería dejarse a las organizaciones,
incluidas las gubernamentales, que quieren contratarlos. Esta es de hecho la
situación actual en las empresas privadas españolas que reconocen títulos
nacionales o extranjeros no “oficiales” utilizando de forma autónoma sus
propios criterios sobre la calidad de los mismos. Pero el lastre de la
tradición burocrática en España es tal que en el tema de las homologaciones se
producen situaciones surrealistas muy negativas.
Un ejemplo es el caso de estudiantes
europeos que quieren hacer estudios de post-grado en España. Pues bien, primero
tienen que solicitar la homologación
por el Ministerio de Educación español de su título de licenciado en la universidad de origen. Este es un
proceso kafkiano cuya duración es imprevisible, por lo que el proceso no tiene
ningún sentido. Normalmente, un estudiante solicita en primavera su admisión
para el curso que comienza en el otoño siguiente. La homologación impide el
desarrollo normal del proceso, puesto que debería ser la universidad a la que
quiere ir el estudiante la que decidiera de forma autónoma y en menos de un mes
sobre sus calificaciones para ser admitido. En la práctica, la Universidad de
Navarra (UNAV) admite a estudiantes extranjeros para estudios post-graduados,
incluso doctorados, sin requerir la homologación oficial de su primer título.
La contrapartida a esta flexibilidad es que el estudiante extranjero recibe un
título propio de la UNAV, no el “oficial”. El estudiante extranjero consigue
exactamente lo que quiere, un título de la UNAV que goza de considerable
prestigio a nivel europeo e internacional. Si el estudiante es inglés o
americano, todavía se queda más ancho, porque ni en el Reino Unido ni en
Estados Unidos saben que existen títulos “oficiales”.
Un
ejemplo hiriente de las aberraciones que resultan de las homologaciones innecesarias
es el de una persona que se doctoró en física por la Universidad de Stuttgart.
Regresó a España y ganó unas oposiciones de colaborador en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. La homologación de su título de doctor estaba
en curso, pero como este proceso es un arcano y duró más de lo esperado, su
oposición tuvo que ser anulada por razones administrativas. ¿Pero es que el
CSIC no conocía la Universidad de Stuttgart, su nivel académico, sus
profesores? Por supuesto que sí. Este poder de decisión, que como es lógico
debería estar en manos del CSIC, no fue transferido por la burocracia ciega y
sin rostro del ministerio, resultando en el disparate mencionado.[1]
El concepto mismo de título
“oficial” es burocrático y antiuniversitario, y su “homologación” es una
aberración burocrática que raya en la imbecilidad, por lo que nunca fue
utilizada en los países de nuestro entorno, y contra la que claman desde hace
tiempo muchas personalidades académicas españolas. Una persona con el título de
doctor de alguna de las mejores universidades del mundo (Harvard, MIT,
Universidad de Cambridge, Escuela Politécnica Federal de Zurich, ...) viene a
España y tiene que tener su título homologado por el Ministerio de Educación,
un proceso burocrático y arcano que puede durar hasta tres años. ¿Quién es
responsable de que esta imbecilidad perdure? Todos nosotros.
El ideal universitario sobre la “homologación” se ilustra en el caso siguiente. A finales de los 50, Manuel Cardona (Premio Príncipe de Asturias de Investigación y Director Emérito del Instituto Max Planck de Stuttgart) fue admitido en Harvard como estudiante “especial”, es decir, en un programa sin objetivo de título. En esa época, los medios académicos americanos podían pensar que España era un país de pastores (los pastores vascos emigraban entonces a EE. UU. para cuidar rebaños de ovejas). Advertido del significado de estudiante “especial”, Cardona fue a ver a un decano, el cual le recibió durante varias horas, al final de las cuales cogió el teléfono, dio una orden y le dijo: “queda admitido para hacer el doctorado.”
Con la Constitución española en la
mano, en la que incomprensiblemente el Estado se reserva en exclusiva la
facultad de otorgar títulos académicos,
es posible que para cambiar de raíz esta situación se necesite una
reforma de la Constitución; pero de hecho, sin cambiar la Constitución, nada
impediría que el gobierno ignorase la famosa homologación y dejase que las
organizaciones interesadas, incluidas las universidades y organismos públicos
de investigación, reconocieran o no títulos universitarios extranjeros y
nacionales.
[1]
Por razones obvias
de privacidad, no doy nombres. Esta triste anécdota me fue comunicada de
primera mano por medios académicos de la Universidad de Stuttgart.