EL INTERVENCIONISMO ESTATAL
El
intervensionismo estatal es la madre de todos los males. Todo se origina en la
obsesión de los gobiernos españoles por controlar todo lo relativo a la educación
universitaria y al sistema de ciencia y tecnología. Los gobiernos nunca han
sido capaces de asumir las diferencias existentes entre los distintos sectores
de la cosa pública: el ejército, el sistema judicial, la policía, la seguridad
social, etc., sujetos naturales del control gubernamental absoluto; y por otra
parte, las universidades, sistemas de ciencia y tecnología, los cuales
requieren por un lado la financiación pública y por otro una amplia autonomía
con respecto al gobierno.
Las
universidades y las organizaciones de investigación tienen una característica
esencial y universal: su excelencia requiere décadas de estabilidad para
desarrollarse y crecer, siempre que desde el punto de partida se arranque con
los valores adecuados y estos se mantengan. Por otro lado, las
universidades, la investigación y la tecnología no tienen nada que ver con la
política. Es particularmente negativo y penoso que esto no sea asumido por
los gobiernos españoles, de forma que cuando un nuevo gobierno gana el poder
cambia las cosas en esta área y mete a su gente en los puestos directivos de
política científica y de los organismos públicos de investigación. Esto hace
imposible el desarrollo y crecimiento de una tradición de excelencia. Aquí sí
que hace falta un “pacto de Estado” entre los partidos políticos principales,
es decir, un compromiso de cambiar las cosas sólo por razones de mejora
objetiva del sistema y no por razones políticas. ¿Es que acaso hay unas
matemáticas de derechas y otras de izquierdas?
Los
gobiernos no parecen entender que sólo unos principios y valores universales
asumidos y aplicados con persistencia y continuidad mejorarán la educación
universitaria y la investigación y desarrollo. No sirven de nada los
voluntarismos ni las huidas hacia delante.[1]
La creación reciente de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología con su
organigrama propio y con competencias transferidas de otros ministerios es un
ejemplo de voluntarismo inútil. Esto no es en si algo negativo, pero es
ilusorio pensar que estas iniciativas retóricas y burocráticas sirvan para
algo.[2]
En
el Reino Unido hay simplemente una Oficina de Ciencia y Tecnología dentro del
Ministerio de Industria, cuya misión esencial es distribuir el presupuesto de
investigación y desarrollo entre las universidades, laboratorios nacionales e
industrias. La ausencia de una extensa burocracia dentro del ministerio, como
es el caso en España, dota al sistema británico de la máxima flexibilidad en la
asignación de los recursos de I+D. Esta flexibilidad significa más fondos
públicos para las organizaciones que funcionan, y la reducción e incluso
eliminación de las subvenciones para las que no funcionan. Esto es posible
porque las organizaciones receptoras de los fondos públicos no son estáticas y
no están pobladas por funcionarios a los que hay que mantener a toda
costa.
La
extensión y complejidad del sistema americano de universidades e investigación
son tan grandes que ni siquiera es posible pensar en la existencia de un
Ministerio de Educación o de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las
universidades son públicas y privadas, y la excelencia se encuentra tanto en
las públicas (Universidad de California, Universidad Estatal de Nueva York)
como en las privadas (Harvard, Stanford). El Gobierno Federal subvenciona a
ambas clases por medio de muchos mecanismos como el Ministerio de Defensa, la National
Science Foundation, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Sanidad,
etc. Las universidades públicas dependen de los gobiernos de los estados, los
cuales proporcionan una parte importante de su financiación. Pero también
reciben fondos privados, tienen capital propio, etc. No hay ministro en el
mundo que pueda controlar y administrar todo esto. Excepto el ministro francés
de educación, el cual preside sobre una burocracia de casi 1 millón de
funcionarios.[3]
La
excelencia y el dinamismo de la Universidad de California son posibles por dos
razones: (1) el Gobierno Federal no tiene ningún control ni ninguna
responsabilidad sobre ella; (2) el Gobierno y la Asamblea de California han
establecido desde hace 125 años un sistema de gobierno de la Universidad que
dota a ésta de plena autonomía e independencia del poder político. Esta
autonomía no garantiza que UC no esté sometida en la práctica a los vaivenes
financieros que resultan de los presupuestos votados por la Asamblea, y que a
veces la fuerzan a despedir a profesores (por medio de prejubilaciones, bajas
incentivadas, etc.).
Con
nuestro Estado de las Autonomías, no hay ninguna razón ni impedimento
cultural o de ningún otro tipo por el que las universidades públicas
españolas no pudieran tener un sistema de gobierno cualitativamente igual al de
la Universidad de California (véase Gobierno de la universidad en el
capítulo 2). Esto eliminaría por completo y para siempre las luchas políticas
partidistas por el control de la universidad, y permitiría por fin iniciar la
larga marcha hacia la excelencia académica e investigadora.
Otro
ejemplo de los efectos nefastos del intervencionismo estatal es la obsesión
general, casi enfermiza, por los títulos universitarios “oficiales”. Este
concepto es inútil, perjudicial y retrógrado, y figura en leyes en donde no
debiera figurar, como nuestra Constitución y algunos tratados internacionales.[4]
Es verdad que en países de nuestro entorno, como Alemania y Francia, la mayoría
de los títulos son otorgados por las universidades públicas; pero en el caso
concreto de Alemania, la Sociedad Max Planck, la organización de investigación
más prestigiosa del país, tiene una autonomía considerable con respecto al
Gobierno Federal y al de los estados, lo que le permite contratar libremente a
destacados científicos extranjeros sin que se plantee ni siquiera el tema de
los títulos “oficiales” ni el de las “convalidaciones”. Al contrario, en las
universidades alemanas hay una endogamia muy grande, y esto ha resultado en una
disminución notable de su creatividad y en
la decadencia de la ciencia en Alemania.[5]
Las
universidades americanas abren las puertas de par en par al mérito, sin
cortapisas artificiales ni títulos “oficiales”, y adquieren así un dinamismo
extraordinario. En el directorio del California Nanosystems Institute en
UCLA figuran profesores de la India, Chile, Suecia, Taiwán, Hungría, China,
Corea, Francia, Japón e Israel. La mayoría hicieron su licenciatura en sus
países de origen y sus doctorados en Estados Unidos, pero otros recibieron toda
su formación académica en sus países de origen; entre ellos se encuentran un
chileno, un sueco, un húngaro, un francés, un japonés y un israelí. Por ley
natural y por sentido común, son los departamentos universitarios los que
juzgan la idoneidad de los candidatos y hacen sus propuestas al presidente de
la universidad, sin que a ninguna administración externa se le ocurra
intervenir fijando las reglas de juego para un proceso de selección que es
puramente académico.
En
resumen, los gobiernos españoles no dan muestras de comprender que su papel es
establecer un marco idóneo que permita lograr el progreso objetivo del sistema
universitario y de ciencia y tecnología. Su afán es al contrario controlar
todo el sistema, con lo cual lo condenan al estancamiento perpetuo.
[1] El ejemplo más
flagrante de huida hacia delante fue la pretensión del gobierno español de que
el proyecto ITER estableciera su sede en España (véase el capítulo 8).
[2] La percepción pública
inicial de este ministerio era que parecía funcionar como un ministerio de
“Internet o de la tarifa plana”, ya que daban la impresión de conceder una
importancia primordial a la introducción de
Internet (“las nuevas tecnologías”) en las escuelas primarias, de forma
que nuestros niños aprendieran a enviar mensajes por correo electrónico a sus
amigos y a otros estudiantes en otros países.
[3] Aunque no la
controla mucho, porque al menor intento de reforma educativa o de reducción de
sus privilegios relativos al sector privado, huelga.
[4] Por curiosidad
consulté el Concordato entre España y la Santa Sede, y vi que en él se
especifican las condiciones para que los títulos de las universidades de la
Iglesia tengan validez “a efectos civiles”. Nada impediría al gobierno dejar de
usar el adjetivo “oficial” en conexión con los títulos concedidos por las
universidades públicas, y admitir sin mas a las oposiciones a los cuerpos
superiores de la administración a los titulados de las universidades privadas
que considerara de calidad suficiente. Esto debería estar basado simplemente en
una medida administrativa ágil y flexible, sin el rango de una ley de las
Cortes Generales.
[5] Véase el
Apéndice B.