REFLEXIONES
FINALES
En el primer párrafo del primer
capítulo se manifiesta: los países con
tecnología propia, con el 15% de
la población mundial, generan la casi totalidad de las innovaciones
tecnológicas y el 55,5% del producto bruto del mundo. España no está entre
esos países, ni está en vías de lograrlo, porque tiene un sistema medieval de
universidades y organismos públicos de investigación en los que los puestos
clave, catedráticos y profesores de investigación, son funcionarios del Estado,
y en el que el intervencionismo extremo del Gobierno es un mal endémico. El
simbolismo en las universidades es
puramente medieval, con los nombramientos de catedráticos y profesores
titulares firmados por el Rey.[1]
A lo
largo de este libro se han descrito algunas universidades y organismos de
investigación, tanto públicos como privados, que destacan por su excelencia en
el ámbito mundial. Este análisis ha puesto de manifiesto que la condición
esencial para lograr la excelencia es la adopción de una serie de valores
universales, los cuales resultan en formas de gobierno y de funcionamiento que
son independientes de la titularidad pública o privada de las instituciones. Un
ejemplo de esto es el método de selección de catedráticos en las universidades
americanas, el cual es idéntico tanto para las universidades públicas como
las privadas.
En lo
que sigue trato de señalar y resumir algunas de las características principales
de las instituciones de excelencia mundial descritas en este estudio. Estas
deberían implantarse en España para iniciar la larga marcha que nos permita
alcanzar un nivel científico y tecnológico equiparable al de los países de
nuestro entorno cultural, lo cual redundaría en un mayor bienestar de los
españoles. Estas características no están relacionadas con el nivel de
financiación.
Las universidades como entes con identidad propia
El sistema
unificado de universidades públicas españolas es un fracaso; esto es un hecho
probado a lo largo de varios siglos. Cada universidad tiene que ser distinta y
desarrollar sus características y carácter propios; para lograr estos
objetivos, es indispensable que las universidades tengan una independencia
total del poder político. La Universidad de California y las EPF de Suiza son
ejemplos claros de sistemas de gobierno de universidades públicas que son
independientes del poder político; de hecho, ambas universidades tienen
sistemas análogos: el poder político nombra a sus juntas de gobierno por
períodos fijos de tiempo y las dota de plena soberanía. No hay ministro
ni otra autoridad política que controle el funcionamiento de la universidad, ni
normas generales de aplicación en todo el ámbito estatal para elegir a las
autoridades académicas, como es el método pintoresco de elección de los
rectores en España.[2] Una de las
características esenciales de la Universidad de Cambridge (pública y privada)
es ser una comunidad académica que goza de un autogobierno pleno y que
se rige por un derecho consuetudinario propio que se ha desarrollado
continuamente desde 1209.
Para que cada universidad pueda
llegar a ser distinta y desarrollar su propia excelencia, las gobiernos
autonómicos tienen que lograr no la llamada autonomía sino la plena
soberanía en el ámbito universitario. De esta forma, hay que esperar que
los principios y valores universales sobre el gobierno y la organización de las
universidades se vayan imponiendo paulatinamente porque, cuando surja una
universidad pública basada en estos valores universales y en la independencia
del poder político, las otras seguirán su ejemplo. Por supuesto, estos valores
universales no contemplan la existencia de la figura profesor-funcionario.
El problema de la endogamia se
resolverá cuando haya una autoridad ejecutiva suprema en la universidad, es
decir, un rector, un presidente, un canciller, separado e independiente del
cuerpo de profesores, que tenga el poder inapelable de rechazar, cuando lo
juzgue oportuno, las propuestas de nombramiento de profesores titulares y
catedráticos hechas por los departamentos. Evidentemente, esto requiere que
este rector o ejecutivo no sea profesor durante su mandato y que
sea elegido por una junta de gobierno entre profesores o personalidades
académicas de cualquier universidad, no por los profesores, estudiantes
y otro personal de la misma universidad. Este es el sistema prevalente en
algunas de las mejores universidades del mundo, como hemos descrito con
bastante detalle en los casos de Harvard, UC, y EPF, y de la Universidad de
Navarra la cual, aunque no está en la liga anterior, está basada en los valores
universales citados.
Es interesante señalar el
voluntarismo bien intencionado del actual gobierno español para tratar de
resolver el problema de la endogamia, del cual es plenamente consciente. Me
refiero a la habilitación incorporada en la nueva Ley Orgánica de
Universidades (LOU), y de aplicación en todo el ámbito estatal. La habilitación
consiste en un examen estatal que habilita al que lo apruebe a
presentarse a un concurso de acceso a una cátedra. La habilitación es un
concepto originario de las universidades alemanas, en las que después de
obtener el título de doctor es preciso hacer una especie de super-tesis para
obtener la venia legendi (el derecho a enseñar). La habilitación alemana
en la actualidad ha degenerado en un sistema en el que la edad media del habilitado
es de unos 40 años, y solo después de esta edad alcanza la plena independencia
investigadora. El resultado final, tal como lo describe Cardona de forma sucinta y lúcida en el Apéndice, es que la productividad
científica alemana está en plena decadencia.
Es muy interesante notar el hecho de
que la EPF de Zurich, al ser una institución del ámbito universitario
germánico, tenía incorporada la habilitación en su proceso de nombramiento de
catedráticos. Esta característica
pintoresca y anticuada ha saltado por los aires cuando la EPFZ decidió
intentar contratar a los mejores profesores del mundo.[3]
No puede ni pensarse en la habilitación cuando uno quiere contratar a una
eminencia de Harvard, de la Universidad de Kioto, o de Cambridge.
Si el comienzo de solución del
problema de las universidades públicas españolas requiere que las autonomías
alcancen la plena soberanía sobre su ámbito universitario, es evidente que la
primera y más básica expresión de esta soberanía es que cada universidad
confiera exclusivamente títulos “propios”, lo cual requiere la desaparición de
los títulos “oficiales”.
La coordinación deseable entre las
distintas universidades se logra en los distintos países por medio de la celebración
de asambleas consultivas, conferencias de rectores, etc.
Escuelas
Politécnicas Nacionales Españolas
Lo revelador del ejemplo suizo es
observar como unas pocas universidades investigadoras (cinco o seis) bastan
para dotar a un país con uno de los niveles científicos y tecnológicos más
altos del mundo, lo cual ha resultado a su vez en una industria farmacéutica y
química que ocupa un lugar de liderazgo mundial.
En vez de pensar en un proyecto
faraónico como el ITER, en un área tan problemática como la energía de fusión
(véase el capítulo 7), el Gobierno Central debería embarcarse en la aventura
fascinante de crear un par de universidades tecnológicas, modeladas según
las EPF suizas, una en Madrid y otra en Barcelona. Este tendría que ser un proyecto
de Estado con la concurrencia de los dos partidos políticos principales. El
material humano español tiene las mismas potencialidades que el de cualquier
otro país, pero no ha tenido acceso a instituciones españolas organizadas según
las pautas utilizadas universalmente en las grandes instituciones extranjeras.
El impacto sobre el país podría ser espectacular.
La soberanía nacional reside en el
Congreso de los Diputados, y éste podría aprobar las leyes necesarias para crear el nuevo marco institucional. Naturalmente, las previsibles convulsiones y
protestas que esta iniciativa causaría en el establecimiento universitario y
científico convencional tendrían que ser ignoradas por completo. Existe un
cuerpo de experiencia a nivel mundial sobre cómo proceder en la creación de
nuevas universidades investigadoras. Los comienzos tienen que ser muy
deliberados, respetando rigurosamente los principios y valores universales a
los que he aludido anteriormente.
Como ejemplo de este tipo de
iniciativas, puede considerarse el caso de la Universidad de California, la
cual está creando su décimo campus en Merced, una localidad en el Valle de San
Joaquín.[4]
Piensa abrir sus puertas en el otoño de 2004 y de momento UC ha nombrado a su
Canciller y a ocho profesores. Esto sirve para ilustrar el hecho de que el
establecimiento de una universidad investigadora procede lentamente y con mucha
cautela, es decir, no se necesitan grandes presupuestos iniciales. Lo
fundamental es sentar las bases rigurosas de una institución que aspire a la
excelencia y que pueda durar hasta el fin de la civilización.
Debe notarse que la EPF de Zurich
fue creada en 1855 y tiene en la actualidad 11.700 alumnos. Su presupuesto
anual es de unos €690 millones. En este siglo y medio de existencia su impacto
en la ciencia, tecnología y economía suizas ha sido notable.
El CSIC ha sido creado en 1939, y su
presupuesto anual es de unos €421 millones. Su impacto en la ciencia,
tecnología y economía españolas es menos que notable y sigue siendo objeto de
controversia.
La
universalidad actual de los estudios universitarios
La explosión de la demanda de
estudios universitarios es un fenómeno mundial. El aumento extraordinario en el
número de alumnos ha tenido lugar incluso en países menos desarrollados. Esto
es en si un fenómeno positivo, ya que cuanto mejor educados estén los
ciudadanos mayor será el nivel de bienestar del conjunto de la sociedad en
todos los aspectos (convivencia democrática, bienestar individual,
competitividad económica, etc.). Un análisis profundo de la situación
resultante ha sido realizado recientemente.[5]
Esta aumento vertiginoso del número
de estudiantes ha resultado en un problema bien definido, denominado
masificación universitaria. Las universidades privadas de élite a nivel mundial
no sufren el problema, puesto que imponen criterios muy selectivos para la
admisión de estudiantes con el fin de mantener los niveles deseados de calidad.
El ejemplo más notable de esta característica es el del California Institute
of Technology que tiene el mismo número de estudiantes que hace unos 30
años, es decir, unos 2.100.[6]
El problema de la masificación se da
de forma aguda en las universidades públicas, las cuales se ven obligadas por
los poderes públicos a dar cabida a las nuevas cohortes de estudiantes. Esto
plantea inmediatamente la cuestión de la pérdida de calidad de la enseñanza
universitaria, un problema que se manifiesta en muchos países.
En España hay aproximadamente 65
universidades, la mayoría de ellas públicas. Las diferencias de calidad entre
las mismas puede ser abismal, ya que su creación se ha hecho de forma bastante
irreflexiva, respondiendo al criterio de una universidad en cada pueblo,
para que nuestros hijos e hijas puedan estudiar sin abandonar el hogar paterno.
Desde el punto de vista humano y familiar, esto es un objetivo loable, pero el
problema de la calidad de la enseñanza universitaria tiene que ser encarado
frontalmente, porque el futuro del país depende de esta calidad. Una
universidad de calidad requiere, entre otras cosas, criterios de admisión de
los alumnos basados en el mérito, y una masa crítica elevada de recursos
económicos para la investigación. No todos los alumnos tienen la vocación,
fuerza de voluntad o lo que sea, requeridas para realizar con éxito carreras de
segundo ciclo (licenciaturas e ingenierías), por lo que un porcentaje notable
de los mismos no termina los estudios, y esto es muy negativo tanto para los
individuos implicados como para el país. Y ya no hablemos de los estudios de
post-grado, masters y doctorados; no es posible tener estos programas en cada
pueblo.
Se llega así a lo obvio: tiene que
haber una diferenciación entre los centros universitarios. Una diferenciación
que separe las instituciones universitarias en dos categorías básicas: colegios
universitarios en los que se imparten enseñanzas de un nivel máximo de
licenciatura e ingeniería, pero donde no hay investigación; y universidades
investigadoras, con programas rigurosos de doctorado y un nivel internacional
de investigación.
De hecho en los programas
universitarios españoles actuales ya hay tres tramos: carreras técnicas o
diplomaturas con un máximo de tres años (primer ciclo), licenciaturas o
ingenierías con 4-6 años de estudios (segundo ciclo), y luego los programas de
master y doctorados (tercer ciclo). El concepto de “una universidad en cada
pueblo” debe cambiarse por “un colegio universitario de primer ciclo en cada
pueblo”; si al terminar el primer ciclo de estudios, el estudiante quiere
continuar con el segundo ciclo, tendría que desplazarse para asistir a un
colegio universitario de segundo ciclo. De esta forma, se limitaría el fracaso
escolar y tanto los estudiantes como la sociedad saldrían beneficiados. Los
estudiantes con una vocación fuerte y los méritos necesarios serían admitidos
directamente en colegios universitarios de segundo ciclo o en universidades
investigadoras.
Dado el estado actual de las
universidades españolas y nuestra capacidad económica, una buena pregunta para
los poderes públicos es: ¿cuántas universidades investigadoras de nivel
internacional debe tener el país? Esto es más fácil de contestar con una
perspectiva de corto plazo, porque este
número está limitado sobre todo por los recursos económicos disponibles.
Los recursos humanos (profesores de nivel internacional de cualquier
nacionalidad) no plantean ningún problema, porque éstos están disponibles tanto
en España como en el extranjero.
De todos modos, la creación de
nuevas universidades investigadoras es un proceso muy lento, porque lo esencial
es la adopción de los niveles internacionales de calidad y su desarrollo
paulatino y consistente. En paralelo, podría procederse a la reorganización de
las “universidades en cada pueblo” actuales para crear los colegios
universitarios mencionados.
España debe guiarse por la
experiencia de países que han afrontado el mismo problema y han tratado de
solucionarlo de forma racional. Como hemos descrito en el capítulo 2, el Estado
de California ha establecido un sistema universitario público con instituciones
separadas de tres niveles: (1) Community colleges, en los que se
pueden hacer dos años de licenciatura y que corresponden aproximadamente al
nivel del primer ciclo español (diplomaturas o carreras técnicas de tres años);
son gratuitos y hay 108 en todo el Estado (“uno en cada pueblo”). (2) California
State University, con estudios de licenciatura e ingeniería de cuatro años
y algunos masters; dispone de 23 campus a lo largo del Estado y tiene un nivel
testimonial de investigación. (3) La Universidad de California, un conjunto de
nueve universidades investigadoras del máximo nivel, con sus campus en
Berkeley, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, etc. Sólo los
estudiantes que se gradúan en el bachillerato con las máximas calificaciones
pueden aspirar a ir a UC (véase el capítulo 2 para más detalles).
El Estado de Nueva York tiene
también un sistema público extenso de instituciones universitarias, con cuatro
categorías de centros universitarios.
[1] Hay una
conexión entre la concesión de tierras y títulos nobiliarios por los reyes en
la Edad Media, y la concesión en propiedad de una plaza de catedrático o
profesor titular. De acuerdo con este sistema, un catedrático (por ejemplo,
Javier Solana) puede en derecho reincorporarse a su cátedra después de décadas
de ausencia. Es esto lo que entiendo por medieval. Puede hacerse la misma reflexión con
respecto a otros puestos del Estado ganados por oposición.
[2] En mayo de
2003, se celebraron elecciones para Rector de la Universidad Complutense de
Madrid. La izquierda universitaria (incluía a la Federación Socialista
Madrileña, Izquierda Unida, los sindicatos CC OO y UGT) presentó una
candidatura única. Otro candidato quiso desligar su candidatura de cualquier
“connotación política” (La Razón, 10 de abril 2003, p. 45). Esta politización
extrema de la universidad es grotesca, surrealista y única en el mundo
civilizado. No, el problema principal de la universidad española no es el
presupuestario.
[3] A pesar de que
alguien dijo que es casi tan difícil cambiar una universidad como trasladar un
cementerio.
[5] Victor
Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, Educación Superior y Futuro de España,
Fundación Santillana, Madrid, 2001, p. 79.
[6] Véase la nota 23 de pie de página en el capítulo 2.