Los Research Councils ingleses
Estos son organismos públicos “no
ministeriales” financiados principalmente por el Ministerio de Comercio e
Industria (Department of Trade and Industry, DTI), a través de la
Oficina de Ciencia y Tecnología (OST). Esto quiere decir que, aunque sus
presupuestos son públicos y sus empleados lo son del gobierno, gozan de una
autonomía considerable relativa al Ministerio.
Hay que aclarar una distinción importante
entre el Reino Unido y España relativa a los empleados del gobierno. En España,
la mayoría de los empleados del gobierno son funcionarios públicos que
disfrutan de una seguridad total en el empleo. En el Reino Unido, los
funcionarios públicos (civil servants) trabajan directamente para los
ministerios y algunos de sus organismos,
y constituyen una fracción minoritaria de los empleados del gobierno.
Puesto que los Consejos de Investigación son organismos públicos “no
ministeriales”, ninguno de sus empleados es funcionario público, lo cual les
dota de la misma flexibilidad laboral que la existente en el sector privado.[1]
En particular, los Directores Generales Ejecutivos de los Consejos de
Investigación reciben un sueldo que se negocia individualmente, con un bono por
rendimiento que puede ascender hasta el 20% del sueldo.
Los Consejos de Investigación tienen una
misión dual, un tanto compleja. Son por una parte organismos que administran y
distribuyen fondos de investigación a las universidades; por otra parte, son
organismos que realizan investigación en sus propios institutos. Los dos
tercios de su presupuesto lo dedican a la financiación de la investigación en
las universidades y a programas de formación de postgraduados, sobre todo a
nivel de doctorado. Los programas de investigación y de formación de
postgraduados se seleccionan de acuerdo con el llamado “principio de Haldane”,
en el que prima absolutamente la calidad científica y no las consideraciones
políticas. Este principio, que asegura la calidad y excelencia de la investigación,
es respetado por los gobiernos sucesivos. Un tercio del presupuesto se dedica a
investigación y desarrollo en institutos de los propios Consejos de
Investigación.
Con estos dos mecanismos se logra una
claridad total de objetivos: la formación postgraduada se lleva a cabo en las
universidades, y como esta formación requiere absolutamente de una
investigación universitaria vibrante, los Consejos de Investigación financian a
ambas y éstas permanecen unidas. Este es el método más eficaz para separar la investigación
universitaria de la investigación más aplicada, la cual se lleva a cabo en
institutos y laboratorios no universitarios.
Los siete Consejos de Investigación tienen
unos 10.000 empleados, de los cuales el 80% son personal científico y técnico
que llevan a cabo investigación y desarrollo en sus propios institutos y en el
Laboratorio Central de los Consejos de Investigación. El presupuesto total de
los Consejos de Investigación se eleva a unos 2.400 millones de euros.
El Consejo del Laboratorio Central de los
Consejos de Investigación es el organismo responsable de la operación del
“laboratorio central” de los Consejos de Investigación. De hecho el
“laboratorio central” está integrado por dos grandes laboratorios situados en
lugares distintos, el Rutherford-Appleton Laboratory, y el Daresbury
Laboratory; además, dispone también del
Chilbolton Observatory, una instalación con una antena de radar
de 25 m de diámetro para estudios meteorológicos.
Objetivos. Los
objetivos de los Consejos de Investigación son mejorar y ampliar “la base
científica y tecnológica” del Reino Unido, la cual provee los conocimientos
básicos necesarios para desarrollar los futuros avances tecnológicos, de los
que dependen el progreso económico y las mejoras en la sanidad, bienestar
social y calidad de vida.
La base científica y tecnológica es un
concepto algo difuso. Está integrada en primer lugar por los medios humanos, es
decir, por los investigadores y otro personal científico y técnico. Luego
siguen las infraestructuras científicas y técnicas de todo tipo, universidades,
laboratorios, bibliotecas, redes de ordenadores, etc.
Estos objetivos establecen con claridad el
fin último de la investigación y desarrollo: el progreso económico y las
mejoras en la sanidad, bienestar social y calidad de vida, y sirven al mismo
tiempo de punto de referencia relativo al conflicto perenne entre la
investigación básica y la aplicada.
Para lograr estos objetivos, los Consejos
de Investigación promueven y financian la investigación básica y aplicada y la
formación de postgraduados, dando un énfasis especial a las necesidades de las
organizaciones e industrias que van a emplear a los graduados y a utilizar los
resultados de la investigación, con el fin de aumentar la competitividad
económica del Reino Unido.
Tomo como ejemplo al Consejo de
Investigación de Ingeniería y Ciencias (EPSRC), el cual tiene un presupuesto de
700 millones de euros. Este Consejo financia la formación postgraduada y la
investigación y desarrollo en áreas tan diversas como matemáticas puras y
aplicadas, ciencias (física, química, biología), ingeniería de fabricación,
prevención del crimen, transporte, sanidad y energía. Esto resulta en
beneficios tangibles para las industrias manufactureras, químicas y
farmacéuticas, de construcción, electrónicas y de comunicación.
En los últimos años, el presupuesto para las matemáticas puras y
aplicadas ha crecido paulatinamente, con el fin de ampliar sus aplicaciones en
los campos de la ingeniería, la industria y el comercio. Un ejemplo de esto son
las compañías financieras de la City de Londres, las cuales emplean un número
importante de graduados en ciencias, ingeniería y matemáticas, incluso a nivel
de doctores. Casi el 25% de los graduados en matemáticas encuentran su primer
empleo en el sector de servicios financieros, y este porcentaje es del 10% para
los graduados en ciencias e ingeniería. El atractivo de estos graduados para el
sector financiero estriba en sus capacidades numéricas y de resolución
cuantitativa de problemas. Incluso áreas de matemáticas avanzadas como las
ecuaciones en derivadas parciales tienen aplicación en el área de instrumentos
financieros complejos como los futuros y derivados.
La responsabilidad por la operación del Culham
Laboratory de fusión nuclear ha sido transferida al EPSRC. Culham ha sido
la sede del programa de fusión en el Reino Unido durante decenios, y es donde
está instalado el Joint European Torus (JET), la máquina tokamak de
confinamiento magnético de plasmas más grande del mundo. El JET es el fruto de
la colaboración de 19 países europeos, y es la máquina europea precursora del
ITER.
El EPSRC realiza un esfuerzo especial para
asegurarse de que el personal formado y los conocimientos generados en sus
programas se transfieren a la industria, al comercio y al gobierno. Esta es la
política del gobierno, la cual emana a través de la Oficina de Ciencia y
Tecnología (OST) del Ministerio de Comercio e Industria (DTI). Los miembros del
EPSRC responsables de ejecutar esta política son el Director General Ejecutivo
(el único miembro con dedicación exclusiva) y un Presidente y trece consejeros
con funciones supervisoras. Diez de sus miembros son profesores universitarios,
tres miembros (doctores) trabajan en la industria y los otros dos (también
doctores) pertenecen al DTI y al Ministerio de Defensa. La preponderancia
científica y técnica es clara, aunque los dos representantes de los dos
ministerios velan por el cumplimiento de las directivas del gobierno. Pero éste
no está satisfecho sólo con este control. El Primer Ministro, Blair, ha
establecido una evaluación sistemática quinquenal de todos los Consejos
de Investigación. El objetivo de esta evaluación periódica es analizar el
funcionamiento y resultados de cada Consejo, y su conformidad con la política
del gobierno. Esta evaluación escrita presentada al Gobierno puede conducir en
principio a una organización distinta de los Consejos, a su abolición,
a su consolidación con otro Consejo, a su privatización o a su adscripción
al DTI, poniendo fin a su autonomía. Esta manera de exigir responsabilidades a
los Consejos no sería posible si el personal científico y técnico fueran
funcionarios inamovibles.
Llevar a la práctica la política del gobierno es ciertamente un
desafío difícil, sobre todo en ciertas áreas como la fusión nuclear, en donde
el objetivo esencial es conseguir un reactor que genere energía eléctrica a
partir de las reacciones nucleares de fusión. Este objetivo, perseguido por
todos los países avanzados en los últimos 50 años, está todavía lejos de conseguirse
y ya ha consumido miles de millones de euros a nivel mundial.
La
nueva ciencia generada en el programa de fusión, la física de plasmas (gases
totalmente ionizados), ha sido el origen de algunas aplicaciones importantes,
como las pantallas planas de plasma, el uso de técnicas de pulverización con
plasmas para recubrir superficies de polímeros utilizados en medios magnéticos
de grabación, el uso de procesos de plasmas en la fabricación de chips como el
Pentium, etc. La cuestión que deben plantearse los responsables de la política
científica es la de juzgar si estas tecnologías no podrían haber sido
desarrolladas a un coste muy inferior, sin necesidad de perseguir el Santo
Grial de la fusión durante medio siglo.
Mientras haya ciencia y científicos habrá
siempre una “lucha de clases” irresoluble entre los científicos, por un lado, y
los administradores y políticos que proveen los dineros para la ciencia, por el
otro. Los científicos puros, por naturaleza, persiguen el conocimiento como un
fin en si mismo, sin considerar sus posibles aplicaciones. Todos los
desarrollos tecnológicos están basados en descubrimientos científicos
anteriores. Pero también es cierto que la investigación aplicada existe, con la
que pueden obtenerse resultados prácticos mucho más rápidamente que con la
investigación pura. En las sociedades avanzadas, los responsables de la
política científica saben que un cierto volumen de investigación pura es
esencial y debe ser financiada, sobre todo en las universidades que son la sede
natural de la investigación pura.
La cuestión es distinta cuando los
gobiernos crean laboratorios “nacionales” para lograr también objetivos
“nacionales”. Estos objetivos no son otros que mejorar la economía, la sanidad,
el bienestar social y la calidad de vida. Los laboratorios nacionales persiguen
en teoría estos objetivos nacionales en todos los países. El ejemplo de la
fusión nuclear ilustra esto claramente. Los gobiernos de todo el mundo
desarrollado no crearon los laboratorios de fusión para promover la ciencia de
la física del plasma. No, los crearon para desarrollar un reactor que produjese
energía eléctrica ilimitada con un mínimo de
contaminación ambiental.
Otro caso singular es la física de
partículas o de alta energía, en donde se persiguen, por definición, objetivos
científicos puros. Los aceleradores de partículas con los que se investiga la
estructura fundamental de la materia son las instalaciones científicas más
grandes y más caras. Los físicos de alta energía alegan, por supuesto, que los
conocimientos fundamentales adquiridos justifican los enormes presupuestos
invertidos. El Consejo de Investigación de Astronomía y Física de Partículas
(APPRC) realiza investigación pura en estas dos áreas. Esta es su misión
principal. La investigación pura genera nuevos conocimientos y trata de
elucidar algunas de las cuestiones científicas
más fundamentales: ¿qué es y cómo funciona un agujero negro?, ¿qué pasó
en el primer segundo después del big bang?, ¿cuál es la masa de los
neutrinos?, etc. Está claro que la resolución de cuestiones de este tipo se
traduce en que unos pocos científicos saben más, pero no tiene un
impacto social previsible. Enfrentado con la presión del gobierno de
“contribuir a la sociedad”, el APPRC
manifiesta que su contribución principal es la formación de científicos de
categoría mundial. Yo creo que éste es el argumento y la defensa más sólidos de
los programas de astronomía y de física de partículas. Cuando en la Segunda
Guerra Mundial se desató la carrera por la bomba atómica entre Alemania y los
aliados occidentales, fueron los científicos puros europeos y americanos,
reconvertidos rápidamente en científicos aplicados, los que hicieron las
contribuciones decisivas al proyecto de la bomba atómica en Los Alamos.[2]
Por otra parte, en el presupuesto de €332 millones del APPRC para 2001, €2
millones (el 0.6% del total) están asignados a “explotación tecnológica”, lo
cual demuestra que ésta apenas existe.
Claramente, son los responsables políticos
al más alto nivel los que tienen que decidir, con base a consideraciones del
interés nacional, el nivel del esfuerzo en esta área. Los físicos de alta energía también aducen siempre que se
obtienen resultados tecnológicos importantes, fruto del enorme esfuerzo tecnológico
necesario para construir y operar un acelerador. Por ejemplo, señalan los
resultados obtenidos en la tecnología del magnetismo basada en
superconductores, surgida de la construcción de los imanes gigantescos
requeridos por los aceleradores. Pero está claro que estos resultados tecnológicos
pueden ser obtenidos igualmente como fruto de investigaciones aplicadas, sin
necesidad de construir los aceleradores. Salvando las distancias en el tiempo,
la tecnología del magnetismo de vanguardia a finales de los años 20, utilizada
por Lawrence en uno de sus primeros ciclotrones, había sido desarrollada en
relación con la ingeniería de radio (véase el capítulo 2).
A mediados de los 90, Tim
Berners-Lee, un informático inglés del Centro Europeo de Investigación Nuclear
(CERN) inventó la World Wide Web, el estándar mundial de software y
comunicaciones utilizado para acceder a Internet. La motivación inicial fue
facilitar el intercambio instantáneo de información entre los grupos de física
de alta energía de todo el mundo. Debe notarse que este software no tiene una
relación directa con la física de alta energía, y sirve igualmente para el
intercambio de información de cualquier tipo: arte, literatura, datos
bancarios, bolsas de valores, etc., es decir, lo que hoy llamamos simplemente
Internet.
Las revisiones quinquenales de los
Consejos de Investigación instituidas por el gobierno británico tienen como
objeto examinar y establecer en qué medida los Consejos Científicos han puesto
en práctica las actuaciones en materia científica establecidas por el Gobierno.
Uno de los indicadores del rendimiento de
los Consejos de Investigación es el número de artículos publicados en las
revistas internacionales y su índice de impacto,[3]
así como el número de doctores graduados en sus programas. Un identificador
claro y valioso es la determinación cuantitativa de los gastos de
administración como porcentaje del presupuesto total de los Consejos. Existe
una insatisfacción manifiesta con el indicador de artículos publicados, porque
éstos no miden en absoluto el impacto del trabajo en los objetivos “nacionales”
(crecimiento económico, mejora en la sanidad, etc.). Los Consejos están
preocupados por el problema, porque el gobierno también lo está, y siguen
trabajando en la identificación de otros indicadores.
Una manera de hacerlo es llevar a cabo
cada cinco o seis años un ejercicio de control para identificar los resultados
“nacionales” concretos que hayan surgido de los presupuestos de investigación y
desarrollo, ya sea del último período de cinco años o de períodos anteriores.
Una de las recomendaciones de la última
revisión sobre el funcionamiento de los Consejos de Investigación es el nuevo
sistema denominado Cuentas de Formación de Doctores (DTA). Este consiste en la
asignación a una universidad de una cantidad total para la formación de
doctores en un área determinada. La universidad tiene la facultad de distribuir
estos fondos de forma discrecional, dentro del área de actuación del Consejo de
Investigación que los asigna. Uno de los objetivos de esta discrecionalidad es
que los candidatos a doctor reciban una beca cuya cuantía varíe según la
demanda del mercado en las diferentes disciplinas. La cuantía mínima de las
becas se establece en unos €16.000 anuales. La finalidad de este mínimo es que
las universidades no utilicen esta flexibilidad para atraer a un mayor número
de estudiantes de doctorado, en detrimento de su calidad.
Otra recomendación de la revisión es que
deben fomentarse los proyectos de doctorado en los que se desarrolle la
creatividad valorada por las empresas.
Interacciones con las empresas. Por iniciativa de
las universidades y de las empresas, se han creado unas asociaciones
universidad-empresa denominadas Faraday Partnerships, cuya finalidad es
establecer un marco para la colaboración entre universidades y empresas en
áreas tecnológicas y proyectos concretos. En la actualidad funcionan 24
Asociaciones Faraday en áreas tan diversas como regeneración de entornos
naturales contaminados, automoción y aeroespacio, tratamiento digital de imágenes,
plásticos, genética y genómica de animales de granja, proceso de alimentos,
técnicas de radio de alta potencia, etc.
Como ejemplo de las Asociaciones Faraday,
el núcleo duro de la Asociación Pro-bio (Pro-bio Faraday Partnership)[4]
está integrada por:
C-Tech Innovation Limited
UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology)
University College London
University of Edinburgh
Cambridge University
BHR Solutions
Esta Asociación tiene como
objetivo responder al desafío de integrar los avances en biociencias con los
equipos y procesos necesarios para estimular y desarrollar una industria
química y farmacéutica más dinámica. La Asociación incluye a nueve
universidades con capacidades clave en ciencias biológicas, en química e
ingeniería. Las áreas de investigación identificadas son:
Descubrimiento y
desarrollo de biocatalizadores
Desarrollo de procesos
integrados
Diseño y modelación de
procesos
Las propuestas de
investigación serán agrupadas para crear programas significativos de
investigación, y serán presentadas tanto al Consejo de Investigación de
Ingeniería y Ciencias como a otras fuentes de financiación.
Conclusión
Una
de las características del sistema británico de ciencia y tecnología es su independencia
y autonomía con respecto al Gobierno, ya que los Consejos de Investigación son
organismos públicos “no ministeriales”. La contrapartida de esta autonomía es
su responsabilidad de alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno. Cada
cinco años, se procede a una evaluación en profundidad de los Consejos de
Investigación, cuyo resultado es un informe sobre los mismos que debe
presentarse ante el Parlamento para su debate. Esta evaluación puede dar lugar
a que un Consejo determinado sea abolido, privatizado o adscrito directamente a
un ministerio.
El
“sistema” británico de ciencia y tecnología funciona relativamente bien. Es
todo menos un sistema, ya que está basado en tradiciones desarrolladas durante
siglos y que han resultado en situaciones incomprensibles para los no
británicos, pero que han demostrado su eficacia. La mejor universidad
científica inglesa, Cambridge, es en palabras de su Canciller una “organización
compleja”, porque tiene algunas características que vienen de siglos atrás; por
ejemplo, los profesores están encuadrados en facultades (lo normal en todo el
mundo) y también en algunos “sindicatos” (syndicates), unos
organismos similares a las facultades pero que solo un inglés es capaz de
comprender.
Una
medida global de la salud de la ciencia en el Reino Unido está dada por los
datos siguientes: en los 60 ganó 11 premios Nobel en Química, Física y
Medicina, 13 en los 70, cuatro en los 80 y dos en los 90. Entre los científicos
más citados del mundo, se encuentran 69 autores británicos, un número superior
al de Alemania y Francia juntos (66).[5]
[1]
Hay muchas características de la
cultura británica que son difíciles de comprender para los españoles y
franceses, acostumbrados al poder regulador omnímodo del gobierno central. Por
ejemplo, las universidades de Oxford y Cambridge, ¿son públicas o privadas? La
respuesta correcta es: son públicas y privadas. Los famosos colegios de
las dos Universidades, por ejemplo el King´s College de Cambridge fundado en 1441 por el rey Enrique VI, son corporaciones privadas con Rector,
socios (fellows) y activos propios (edificios, capital mobiliario,
etc.). La Universidad otorga los títulos y dispone de instalaciones propias
(aulas, bibliotecas, laboratorios) ajenas a los colegios, financiadas en parte
por el gobierno, el cual provee aproximadamente el 50% del presupuesto; el otro
50% se obtiene de contratos de investigación, de las rentas del capital propio
de la universidad, donaciones, etc.
Tiene unos estatutos que datan del siglo XIII y que sólo pueden ser modificados
por la Reina. Los profesores de la universidad son nombrados por la
universidad y pagados por la universidad, pero no son
funcionarios, y hay normas explícitas para su despido. Después de su nombramiento, los colegios
ofrecen generalmente a los profesores un puesto de fellow, lo cual
conlleva un sueldo suplementario. Los colegios nombran a sus fellows
independientemente de la universidad, y éstos a su vez pueden ser
nombrados más tarde profesores de la universidad. La independencia de los colegios con respecto al gobierno es
total; esto quedó establecido en 1689, cuando los fellows del King´s
College rechazaron el nombramiento de Isaac Newton como su Rector, hecho
por el rey Guillermo III. No es posible estudiar en la universidad sin haber
sido admitido previamente por alguno de los colegios, donde los estudiantes
viven y reciben tutorías individualmente, la característica más marcada del
sistema educativo de Oxford y Cambridge.
Además de las tutorías, los estudiantes asisten a “algunas clases” en la
universidad. En Oxford sólo hay un examen, al final de los tres años de la
licenciatura; en Cambridge, hay dos: uno “a mitad de camino” y otro al final.
[2]
Véase la nota 49 de pie de página en el capítulo 3.
[3] Véase
el Apéndice B.
[5] Véase Publicaciones y citas científicas como justificación en el Apéndice B.